sábado, 23 de octubre de 2010

VENEZUELA Y SU INCORPORACIÓN AL MERCOSUR OBSTACULOS DE LA SUPRANACIONALIDAD

RESUMEN
El siguiente trabajo aborda implicaciones de la incorporación de Venezuela al Mercosur y el obstáculo que representa el concepto de la supranacionalidad. Nos apoyaremos en estudios realizados por varios autores y partiremos de unas definiciones, para luego pasar a explicar como fue el paso de Venezuela de la CAN al Mercosur. Para luego culminar con la supranacionalidad y el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, junto a las disposiciones finales de la investigación.

INTRODUCCIÓN

A mediados de la década de los años cuarenta luego de la segunda guerra mundial, se han abiertos grandes espacios para la esperanza de los pueblos del mundo, sobre todo para los pueblos de América Latina, un territorio con mucha esperanza de crecer y desarrollarse y dejar atrás los procesos violentos relacionados con numerosas guerras civiles, militarismo, caudillismos e inestabilidad política.

Los procesos de integración de los mercados, como respuesta adecuada a la necesidad de ampliar los espacios económicos y de promover el progreso social y cultural de las regiones, se ha convertido en el preámbulo de un mundo sin fronteras con el objetivo de hacer que los pueblos vivan realidades mas justas, sin padecer de opresiones políticas o sociales.

Pero es cierto que en los procesos de integración, para hacerlos más fuertes se habla de supranacionalidad, si se entiende este como un poder superior a las Naciones, entonces su efecto en la soberanía de las Naciones puede ser además de importante, muy peligroso para la protección y desarrollo de su parque industrial y de los habitantes en general.

            Es por esto, que se tratará en el presente informe, de abordar las implicaciones de la incorporación de Venezuela al Mercosur y el obstáculo que representa la supranacionalidad, y si esta se constituye en una limitación a la soberanía nacional.

1.- BREVES DEFINICIONES

            La Comunidad Andina (CAN) es una comunidad surgió con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, luego pasa a ser en 1969 Pacto Andino y resurge en 1996 como la Comunidad Andina de Naciones. Estaba constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Estos países presentaron un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana.

            Entre sus principales objetivos están: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Así como, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.  Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.

            El gobierno de Venezuela participó formalmente el 22 de abril de 2006 su decisión de abandonar la CAN, su argumento obedeció a que los gobiernos de Colombia y Perú firmaron acuerdos de libre comercio con EEUU, sin la debida notificación de posibles daños comerciales y en materia de propiedad intelectual a Venezuela. De igual, manifestó que estos tratados contradecían su política exterior, que promovían el neoliberalismo y que estaban en dirección contraria a los objetivos de la CAN.
  
El Mercado Común del Sur (Mercosur), es una unión subregional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela en proceso de incorporación. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Estableciendo: La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.


            El Mercosur funciona con una estructura jurídica en la que se combinan los clásicos tratados, protocolos y declaraciones del Derecho Internacional, con normas propias obligatorias dictadas por los órganos decisorios del bloque (derecho comunitario), recomendaciones no obligatorias dictadas por los órganos auxiliares, e incluso acuerdos de concertación social regional.


2.- VENEZUELA DE LA CAN AL MERCOSUR

         Para abordar este primer punto nos apoyaremos en el trabajo de la Dra. Elsa Cardozo, “Venezuela en la Comunidad Andina: Retroceso en tres escalas”, publicado en el año 2004.  Esta autora, manifiesta que el distanciamiento de Venezuela con la Comunidad Andina  comenzó a partir del año 1999. Por supuesto, este alejamiento se reflejó menos en los flujos económicos intercomunitarios que en los mismos cambios estratégicos e ideológicos.

            En efecto, las perturbaciones en las relaciones con Colombia, no han sido la variable más importante cuando observamos el giro ideológico y estratégico del gobierno venezolano ante la integración en general y muy particularmente la de la subregión andina.

            La autora relata, que Venezuela entró a la Comunidad Andina (CAN) con cuatro años de retraso, luego de superar distancias políticas y económicas con el proyecto de integración que para el momento recibía sus primeros impulsos.

            Entre las décadas de los años 50 y 60, la integración fue la fórmula de Latinoamérica y del Caribe, con el proceso de sustitución de importaciones, para avanzar en el crecimiento hacia fuera y tratar de conquistar nuevos mercados, creando espacios regionales para este fin. Para los países andinos fue este el momento de su génesis y el establecimiento de la integración, que sin embargo comenzó a estacarse a principios de los años sesenta, con los problemas que se generaron luego del incumplimiento de algunos acuerdos.

            Es importante destacar, que para esta época, la atención al asunto de las ideas integracionistas fue condicionada por la complejidad de las negociaciones políticas y económicas domésticas y por las determinaciones hemisféricas predominantes para entonces.

            Venezuela no escapo a esta situación, por el contrario vivía una situación realmente crítica, acompañando sus inicios democráticos con una economía marcada por el petróleo que emprendió un poco tarde su proceso de industrialización habiéndose hecho muy dependiente de la economía de los estados unidos de América.

            Ahora bien, desde mediados de la década de los setenta, es cuando realmente se comienzan a pensar en la en la región en la reactivación y reforma de los esquemas de integración existentes, fue cuando Venezuela propuso la creación del sistema Económico Latinoamericano (SELA), así como participo activamente en la reforma y conversión de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

            Internamente en Venezuela, prevalecía un clima de estabilidad y de bonanza producto de las exportaciones petroleras, lo que desvió la atención de lo regional y apuntando más hacia lo mundial. Sólo a finales de la década la integración subregional recuperará cierta prioridad, pero las crisis originadas por  las deudas externas de las economías latinoamericanas originaron que otros espacios de cooperación, como lo fueron Contadora y el Grupo de Río, ganaran relevancias, mientras que la región andina se profundizara el estancamiento lo que originó incumplimientos en los acuerdos.

            En la década de los ochenta, la integración regional recibe valiosos impulsos políticos en los que Venezuela participa. En el Protocolo de Quito se proponen transformaciones de fondo al esquema andino, con el fin de adecuarlo a las nuevas políticas económicas regionales, fortaleciéndolo institucionalmente como un Sistema Andino de Integración.

             Comenzando la década de los noventa el proceso de integración tendrá un nuevo impulso, con la integración del sur del continente a partir del Tratado de Asunción, que en 1991 crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y con las negociaciones  hemisféricas desde la primera cumbre de las Américas en el año 1994.
            Así comienza un mayor dinamismo en las negociaciones repercutiendo en una nueva etapa para la integración junto a nuevas complejidades; Mercosur, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Organización Mundial del Comercio (OMA) y surgimientos de nuevos acuerdos bilaterales.

            Sin embargo la autora manifiesta que, en este entorno, la CAN viene cargada de paradojas, por un lado, aumenta el comercio intercomunitario, y continúa el desarrollo institucional y son suscritos compromisos de políticas exterior común y de seguridad con la democracia y los derechos humanos; y por otro lado, un cúmulo de tensiones sociopolíticas estimulan las debilidades de la integración.

            Ahora bien para el año 1999 la política exterior venezolana cambia en aspectos fundamentales, afectando visiblemente sus orientaciones y decisiones en materia de integración y muy especialmente respecto a la CAN, impulsando una concepción  de la integración muy diferente, en un marco nacional, regional y hemisférico de gran complejidad.

            Desde el asenso del Presidente Chávez al poder hubo explícitas manifestaciones del giro que habrían de sufrir las prioridades venezolanas en materia de integración, manifestando su preferencia al acercamiento al Mercosur.

            Estratégicamente, y en función de su nueva menara de ver el proceso de integración, Venezuela definió a partir de 1999 nuevas prioridades en sus acercamientos hemisféricos, regionales y subregionales. En primer lugar se distanció de la CAN, se afectaron las relaciones con Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Asimismo, se acercó a Brasil en busca de relaciones económicas con los países del cono sur, y a medida que iba cambiando el espacio político de la región fue ganando espacio la posibilidad de ingresar como miembro pleno de Mercosur.

            El 4 de julio de 2006 se suscribió un Protocolo de Adhesión mediante el cual Venezuela se constituyó como Estado Parte. No obstante, este instrumento de adhesión aún no ha entrado en vigor debido a que hasta la fecha no ha sido ratificado por todos los parlamentos de los firmantes, por lo que su vinculación legal al bloque sigue siendo como Estado Asociado.


3.- VENEZUELA Y SU INCORPORACIÓN AL MERCOSUR

Para el desarrollo de este apartado, nos apoyaremos en el informe del Dr. Alejandro Gutiérrez, El Mercosur, un gran desafío para Venezuela, de fecha octubre de 2006.

El 08 de diciembre de 2005, la Cumbre Presidencial del Mercosur, reunida en Montevideo, anunció la aprobación de la solicitud de Venezuela para ingresar como miembro pleno de esa Unión Aduanera (UA). Se afirmo en dicha cumbre, que este proceso culminará cuando Venezuela, previa negociación, acepte y adopte toda la normativa del Mercosur, incluidas las de orden político, la liberación del comercio interbloque y la adopción del arancel externo común (AEC).

Ahora bien, el autor comenta, que con el ingreso de Venezuela como miembro pleno de Mercosur, la hace asumir retos no tan ventajosos, ya que se le reducirán los plazos del programa de liberación comerciales establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica 59 (ACE-59) y con esto desaparecerán algunos mecanismos que le servían a los países de la CAN, entre ellos Venezuela, para proteger la producción nacional y evadir los efectos de la volatilidad de los precios de en el mercado internacional de algunos bienes agrícolas considerados sensible.

Esto sin duda puede traer serios problemas a la economía interna de Venezuela, dado que por el aceleramiento del proceso de liberación comercial y la desaceleración de la inversión interna, nuestro país no esté preparado para enfrentar este desafío, generando efectos negativos sobre la producción y por ende en la generación de empleos. En otras palabras, se puede concluir que Venezuela presenta pocas ventajas comparativas con relación al resto de los países que forman parte del Mercosur.

Es por esto, que existen algunas opiniones nacionales e internacionales en relación a que el ingreso de Venezuela al Mercosur, obedece más a los intereses geopolíticos e ideológicos del gobierno que a los beneficios económicos que tendría el país.

Independientemente de que prevalezcan las razones de orden político o ideológico, se tendrán consecuencias y efectos sobre el bienestar económico de la población venezolana. Se podrían generar amenazas a sectores como el agrícola y agroindustrial, la industria manufacturera y metalmecánica.

Pero también podríamos pensar en las oportunidades, siempre y cuando el gobierno junto al sector privado, diseñaran políticas económicas que estimulen la inversión nacional y extranjera, establecer alianzas estratégicas entre empresas, desarrollo de proyectos de infraestructura, ampliación de intercambio científico y tecnológico, con el fin de generar productividad interna y así ser más competitivos y tratar de conquistar estos mercados en el mediano plazo.
En definitiva, el aprovechamiento de las oportunidades que surgen para Venezuela estará dependiendo de los programas y políticas que fomenten las mejoras de productividad y de la competitividad. Deberá hacerse énfasis  en la promoción de exportaciones y en la identificación de nichos de mercados para los productos nacionales con potencial exportador.


4.- LA SUPRANACIONALIDAD Y EL INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR.

         Salvador Dominick, en su texto Economía Internacional, manifiesta que las teorías de la integración económica abarcan las políticas comerciales que consisten en reducir o eliminar en forma discriminada las barreras comerciales sólo entre los países que se unen. Los grados de integración van desde los simples acuerdos comerciales preferenciales hasta uniones aduaneras y económicas, siendo estas en la cual se eliminan todas las barreras al comercio entre los países miembros.

Mercosur, como se definió en la primera parte es una unión subregional, con cierta armonización de sus metas de políticas económicas nacionales, con la finalidad de eliminar las discriminaciones que puedan hallarse de las disparidades entre las políticas nacionales de cada uno de los Estados que la componen y la adopción del comercio interbloque y del arancel externo común.

Ahora bien, para Adolfo Barrera, en su trabajo Los Procesos de Integración, la supranacionalidad se identifica con la de los órganos supranacionales, en el convencimiento de que, para que exista supranacionalidad, se requiere que organismos independientes y superiores a los Estados-Naciones estén habilitados para dictar normas obligatorias para estos últimos. Un órgano, para ser considerado supranacional, debería reunir al menos dos condiciones. La primera, estar integrado de manera que sus miembros no representen a ningún Estado, que se encuentren desvinculados de sus nacionalidades y que respondan nada más que a los intereses comunitarios, sin recibir instrucciones de ningún gobierno, y la segunda, tener la potestad de dictar normas obligatorias para los Estados miembros, cuya aplicación sea inmediata.

Para Jorge Luis Suárez, (2005) El Derecho Administrativo en los Procesos de Integración, considera  a una Organización Supranacional, como aquella que recibe, en cualquiera de sus órganos, la atribución del ejercicio de las competencias de un grupo de países en materias específicas, en aras de un interés común y en las que sus decisiones serán aplicadas inmediatamente y directamente tanto a los Estados como a los ciudadanos, en forma obligatoria y coactiva si es necesario.

Este autor destaca, la supranacionalidad no implica que los Estados hagan una cesión o transferencia de autonomía a las organizaciones que la poseen, sino lo que se produce con su creación es una distribución del ejercicio de competencias entre los Estados miembros y la organización, en donde todas las competencias en si mismas siguen perteneciendo a los Estados miembros.

La integración es una forma de entenderse los países, que es distinta a los tradicionales convenios de cooperación internacionales, en lo que existe como elemento determinante y distintivo la intergubernamentalidad. La integración como proceso para la consecución de una nueva unidad territorial conlleva unos compromisos más profundos en ciertas parcelas de interés común que loa que se dan en la cooperación y que pueden tener varias fases.

Otro aspecto que hay que destacar, es que la integración no siempre es supranacional. Ciertamente, no todo proceso de integración tiene este atributo, aunque cuando se hable de un proceso de entendimiento supranacional necesariamente deberá hablarse también de integración, porque aquélla lleva a ésta, pero no porque sean lo mismo.

La existencia de supranacionalidad en un proceso de integración lleva aparejada la aplicación de los principios rectores del derecho comunitario, ya que, al darse aquella, ya puede considerarse, en primer lugar que hay una comunidad de Estados, y segundo, que las normas que se generen de la organización creada por los Estados son derecho comunitario y es indispensable para el funcionamiento del sistema que se produzca la eficacia directa de estas normas y su primicia sobre los ordenamientos jurídicos internos, así como que haya seguridad jurídica en la integración del derecho comunitario en los Estados miembros y responsabilidad de éstos por su incumplimiento.
    
Revisemos ahora la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela para así tener ya varios elementos para que nos puedan llevar a realizar unas consideraciones con respecto al tema planteado.

En el Título I de los Principios Fundamentales, en su Art. 1 dice:

 La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. Y en su Art. 5 reza “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quién la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Asimismo, en la Sección Quinta, De las Relaciones Internacionales, dice lo siguiente:

Art. 152: “Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales”.

Art. 153:La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de sus naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración…”

Art. 154: “Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional”.

Art. 155: “En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución si no fuere improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración”.

Y en el Capítulo VII de los Derechos Económicos, el Art. 112 Expresa: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

5.- CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos visto en los párrafos anteriores, para que exista supranacionalidad, se requiere que organismos independientes y superiores a los Estados-Naciones estén habilitados para dictar normas obligatorias para estos últimos. Asimismo, se tiene claro que la supranacionalidad no implica que los Estados hagan una cesión o transferencia de autonomía a este tipo de organizaciones, sino lo que se produce realmente con su creación es una distribución del ejercicio de competencias entre los Estados miembros de la integración económica a la que pertenecen cualquier sea su clasificación.

Si nos apoyamos en estos supuestos podemos afirmar que la supranacionalidad, no es un obstáculo para el ingreso de Venezuela al Mercosur, aquella no representa perdida de soberanía, de hecho, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela es muy clara y diáfana en su Art. 152, al afirmar que “Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo…..”;

Ahora bien, respecto al mercado común, las exigencias son un poco mayores; recordemos que el Mercosur acuerda acortar los plazos del programa de liberación comerciales, hasta llegar a la eliminación de los obstáculos aduaneros cuantitativos para la libre circulación de mercancías y el establecimiento de un arancel externo común. Adicionalmente, un mercado común también permite la libre circulación de todos los factores de producción, no solamente los bienes como en la zona de libre comercio y la unión aduanera, sino también las personas, los servicios y los capitales.

Como lo comenta el  Dr. Jorge Luis Suárez, (2005), evidentemente que con estas características, la necesidad de supranacionalidad en esta etapa parece ser indispensable porque se trata de un mercado “común”, que implica la libre circulación de todos los factores de producción en el nuevo espacio territorial y la coordinación de políticas en las materias necesarias, lo que amerita una serie de decisiones comunes importantes, además del arancel externo “común”, en forma permanente y, por su puesto, el control y la vigilancia que hay que realizar para el cumplimiento de éstas y de los objetivos del tratado.

Todo lo cual lleva a una incidencia en la vida de los países y los ciudadanos, lo que no se puede regular con reuniones intergubernamentales, que sólo pueden ser hechas esporádicamente, sino que hace falta la presencia de una organización permanente e independiente de los Estados miembros.

En otro orden de ideas, lo que también es importante evaluar, es el efecto económico que producirá la adhesión de Venezuela a la comunidad del Mercosur.  Esto sin duda puede traer serios problemas a la economía interna de Venezuela, dado que, como se comentó en párrafos anteriores, nuestra economía no esta preparada para la adopción de las normas del Mercosur. Lo que generará sin duda efectos nocivos sobre la producción y por ende en la generación de empleos, ya que las ventajas comparativas de nuestro país son mínimas con relación a los países miembros del Mercosur, sobre todo en lo referente a la producción agrícola y manufacturera.

En otras palabras, las asimetrías existentes entre la economía de nuestro país y la Argentina y Brasil son demasiado marcadas, sin olvidarnos de las economías de Uruguay y la de Paraguay

Es importante recordar, que si es cierto en el Art. 153 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela se establece que “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región…” La Carta Magna, también ordena en su  en su Art. 112 que: “…El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”, es decir, la autoridad del Estado esta comprometido a regular e impulsar el dinamismo de la economía.

En concordancia con el Art. 299 de la misma Constitución que dice: ”… El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza…”

Pero no todo puede ser malo, o negativo, por que las oportunidades son nichos de desarrollo y crecimiento, como se comentó anteriormente, se podrían establecer alianzas estratégicas entre empresas, desarrollando proyectos de infraestructura, intercambio científico y tecnológico, con el fin de generar productividad interna y así poder competir en igualdad de oportunidades el mediano plazo.

Por último, y basándonos en el Art. 5 de la CRBV, el cual dice: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quién la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Este tipo de Integración que conlleva implícitamente todas estas argumentaciones, se deben someter a referendos consultivos, previa explicación en mesas de trabajos al Soberano, por parte de los organismos responsables del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Caracas 1999.

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